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La entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ha ocasionado para el sector público y privado una serie de exigencias administrativas, organizativas y técnicas basadas en la gestión de riesgos que significan un cambio de paradigma respecto a lo que se venía haciendo hasta el momento.

De una manera u otra, todas las empresas de carácter mercantil, entes públicos y otros agentes económicos y sociales (como fundaciones, asociaciones, etc.,) poseen datos relativos a otras empresas y/o personas o bien en soporte físico, o bien en soporte magnético o informático que se ubican en instalaciones físicas o en la nube.

Estos tratamientos de datos de carácter personal, a veces son sencillos (de bajo riesgo)  pero otras veces son más complejos (de alto riesgo).

Tanto los unos como los otros deben hacerse respetando las obligaciones establecidas en la normativa vigente, debido al aumento de la preocupación de los ciudadanos respecto a sus derechos, sobre todo con desarrollo de las tecnologías de la información y las redes sociales.

Si no se adoptan medidas responsables ajustadas a la norma, desde la entrada en vigor del Reglamento UE 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, las sanciones económicas para los infractores, podrían ser incluso de hasta el 4% de la facturación de las empresas que infrinjan la normativa… En el caso de una PYME o una Fundación Social, el efecto de este tipo de sanciones sería devastador, incluso podría provocar su desaparición.

En vista de ello, para que nuestros clientes obtengan soluciones que se ajusten a su realidad individual y a las obligaciones legales vigentes en materia de protección de datos de carácter personal, hemos configurado un paquete de servicios que se resume las siguientes líneas